Un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires marcó un nuevo capítulo en el debate sobre el trabajo en plataformas digitales. El máximo tribunal provincial reconoció que los repartidores que trabajan para aplicaciones como Rappi y PedidosYa mantienen una relación laboral de dependencia con esas empresas.

La decisión judicial confirma sanciones aplicadas por el Ministerio de Trabajo bonaerense tras inspecciones que detectaron irregularidades en las condiciones laborales de los repartidores. Entre ellas, la falta de registración formal y el incumplimiento de obligaciones vinculadas a la seguridad social.

Con este reconocimiento, los trabajadores de reparto quedarían alcanzados por derechos laborales básicos como salario mínimo, vacaciones pagas, aguinaldo y cobertura de salud. También implicaría el acceso a una aseguradora de riesgos del trabajo (ART), un punto clave en una actividad que se desarrolla mayormente en la vía pública y con altos niveles de exposición a accidentes.

El fallo también vuelve a poner en discusión el modelo de funcionamiento de las plataformas digitales, que suelen considerar a los repartidores como trabajadores independientes. La resolución judicial, en cambio, sostiene que existe una relación de dependencia que establece una desigualdad estructural entre las empresas y quienes realizan el trabajo.

En el plano político, la decisión es leída como un respaldo a la postura del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien en distintas oportunidades defendió la necesidad de garantizar derechos laborales en el sector frente a los planteos de flexibilización impulsados por el presidente Javier Milei.

El precedente podría tener impacto en otras discusiones judiciales y regulatorias en el país, en un contexto en el que crece el trabajo mediado por plataformas digitales y se multiplican los reclamos por mejores condiciones laborales para miles de repartidores.