Pablo Nicoletti, presidente de la UCR de La Plata, habló con El Cafecito y explicó su presencia en la asunción del intendente de La Plata, Julio Alak, a la presidencia del Partido Justicialista de la ciudad.
"Acepté la invitación a la asunción de Julio Alak para dar una señal de convivencia política", aseguró.
Daniel Lipovetzky, exdiputado del PRO, habló con El Cafecito sobre la posible conformación de un frente: "El peronismo tiene la responsabilidad".
Respecto a quién podría liderar esta conformación de un espacio amplio, el exfuncionario aseguró que "Axel Kicillof es el dirigente del peronismo con más condiciones para liderar este proceso".
La comunidad de la UNLP comienza una semana de protestas que incluirá un paro de actividades y una marcha de antorchas el próximo jueves, en el marco del conflicto por el desfinanciamiento del sistema universitario.
Los funcionarios del equipo económico del intendente Julio Alak concurriren a la Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante a explicar a los concejales del oficialismo y la oposición la Rendición de Cuentas de los gastos de la Municipalidad de La Plata en 2025 y defender cómo se ejecutó el presupuesto de la administración central, el Mercado Regional, el ex Ente Municipal y el Ente Municipal para la Actividad Turística.
El encuentro se lleva adelante desde las 9hs en el Salón Dorado de la Municipalidad, donde la comisión que preside el concejal Pablo Elías, de Fuerza Patria, sesionará de manera excepcional.
El boleto de colectivo en la región de La Plata volverá a aumentar y el mínimo superará los $1.000 desde mayo. El incremento se calcula con la fórmula de actualización mensual que toma la inflación más un 2% adicional, lo que en esta ocasión da una suba aproximada del 5,4%.
Con este ajuste, el boleto mínimo para viajes de 0 a 3 kilómetros pasará de $948,91 a $1.000,15 para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada.
Además, el tramo más utilizado (de 3 a 6 km) tendrá un valor cercano a $1.091.
El aumento forma parte del esquema de actualizaciones automáticas del transporte público, que ajusta las tarifas mensualmente según la inflación informada por el INDEC
La UNLP volverá a interrumpir sus actividades debido a una nueva medida de fuerza impulsada por la ATULP . El paro afectará tanto a las facultades como a los colegios preuniversitarios que dependen de la casa de estudios.
La protesta se enmarca en el conflicto que mantienen los trabajadores universitarios con el Gobierno nacional por cuestiones salariales y por la falta de implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. Según los gremios, la situación presupuestaria y la pérdida del poder adquisitivo de los sueldos motivan la continuidad del plan de lucha.
Durante la jornada, se prevé la suspensión o reducción de actividades en distintas unidades académicas, aunque el nivel de adhesión podría variar entre facultades. En experiencias recientes, algunas dependencias mantuvieron clases con normalidad mientras otras permanecieron cerradas.
En el caso de los colegios de la universidad, el impacto suele ser mayor y las clases se ven directamente suspendidas. Además, en el marco de las protestas se realizan actividades de visibilización, como clases públicas y acciones frente a edificios de la ciudad para difundir el reclamo del sector.
Un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires marcó un nuevo capítulo en el debate sobre el trabajo en plataformas digitales. El máximo tribunal provincial reconoció que los repartidores que trabajan para aplicaciones como Rappi y PedidosYa mantienen una relación laboral de dependencia con esas empresas.
La decisión judicial confirma sanciones aplicadas por el Ministerio de Trabajo bonaerense tras inspecciones que detectaron irregularidades en las condiciones laborales de los repartidores. Entre ellas, la falta de registración formal y el incumplimiento de obligaciones vinculadas a la seguridad social.
Con este reconocimiento, los trabajadores de reparto quedarían alcanzados por derechos laborales básicos como salario mínimo, vacaciones pagas, aguinaldo y cobertura de salud. También implicaría el acceso a una aseguradora de riesgos del trabajo (ART), un punto clave en una actividad que se desarrolla mayormente en la vía pública y con altos niveles de exposición a accidentes.
El fallo también vuelve a poner en discusión el modelo de funcionamiento de las plataformas digitales, que suelen considerar a los repartidores como trabajadores independientes. La resolución judicial, en cambio, sostiene que existe una relación de dependencia que establece una desigualdad estructural entre las empresas y quienes realizan el trabajo.
En el plano político, la decisión es leída como un respaldo a la postura del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien en distintas oportunidades defendió la necesidad de garantizar derechos laborales en el sector frente a los planteos de flexibilización impulsados por el presidente Javier Milei.
El precedente podría tener impacto en otras discusiones judiciales y regulatorias en el país, en un contexto en el que crece el trabajo mediado por plataformas digitales y se multiplican los reclamos por mejores condiciones laborales para miles de repartidores.
Docentes y familias de estudiantes de la Escuela Anexa Joaquín V. González de la UNLP realizaron en las últimas horas una jornada para visibilizar el conflicto universitario, con eje en el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la urgente recomposición salarial del sector, luego del pedido de algunos padres por la continuidad educativa en el establecimiento preuniversitario.
El comunicado publicado por familias de la Anexa en apoyo a la Universidad Pública expresa:
Somos familias de la Escuela Graduada Joaquín V. González (Anexa-UNLP) en defensa de la Educación Pública y la Universidad.
Desde el colectivo de familias de la Anexa queremos expresar nuestra profunda preocupación ante la aparición, en el día de hoy, de un pasacalle en la puerta de la escuela que responsabiliza a las y los docentes por las medidas de fuerza que se están llevando adelante en el ámbito universitario.
Como familias, nos interpela especialmente que este tipo de expresiones simplifiquen un conflicto complejo y desplacen el foco del problema: la no implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, que es una responsabilidad del Estado.
Somos muchas las familias que, desde octubre de 2004, venimos encontrándonos, conversando y organizándonos en defensa de la educación pública. Nos une una preocupación genuina por la educación de nuestras hijas e hijos.
No queremos paros, porque sabemos que interrumpen la dinámica escolar y afectan la cotidianidad de las familias. Pero también entendemos —y es importante decirlo con claridad— que las medidas de fuerza no son un fin en sí mismas, sino una herramienta legítima frente a la falta de respuestas.
Responsabilizar a las y los docentes y no docentes por esta situación no solo es injusto, sino que invisibiliza las condiciones materiales en las que hoy se sostiene el sistema educativo. Defender a quienes enseñan es también defender el derecho a una educación pública de calidad.
Creemos que la escuela debe ser un espacio de encuentro, de construcción colectiva y de respeto. La instalación de mensajes que promueven la confrontación entre familias y docentes va en sentido contrario a esos valores.
Por eso, desde Familias de la Anexa en apoyo a la Universidad Pública, reafirmamos nuestro acompañamiento a la lucha docente y exigimos el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.
Invitamos a todas las familias a informarse, a dialogar y a construir colectivamente una defensa activa de la educación pública.
Los funcionarios del equipo económico del intendente Julio Alak participarán el 20 de abril en la Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante para exponer detalles sobre los gastos del municipio en 2025 y cómo se ejecutó aquel presupuesto.
La exposición estará a cargo del nuevo secretario de Hacienda, Sebastián Genatti; el subsecretario de Hacienda, Matías Remes Lenicov; el contador general del Municipio, Fernando Ucar y el titular de la Agencia Platense de Recaudación (APR), Juan Carlos Mongan, entre otros.
Gastón Quintans, presidente de la agremiación médico platense se refirió en el Cafecito al estado de alerta gremial por una deuda millonaria que mantiene la obra social IOMA. Según la denuncia el organismo adeuda cerca de $1.300 millones correspondientes a prestaciones médicas realizadas en febrero, lo que afecta directamente el pago de honorarios a los profesionales. Escucha la nota completa:
Un paro de médicos de cabecera del PAMI comenzó en todo el país y genera preocupación por la atención de jubilados en distintas ciudades, entre ellas La Plata. La medida de fuerza fue convocada por profesionales de la salud y tiene una duración de 72 horas.
El conflicto se originó a partir de un cambio en el sistema de pagos a los médicos. Según los profesionales, el nuevo esquema fija una cápita de 2.100 pesos mensuales por afiliado, lo que consideran insuficiente para cubrir los costos de atención y mantener los consultorios.
De acuerdo con los cálculos de los gremios médicos, para lograr ingresos que permitan sostener el trabajo profesional, un médico debería atender cerca de mil jubilados por mes, lo que implicaría una carga de más de 33 pacientes por día, una situación que califican como insostenible.
Desde el Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires advirtieron que las modificaciones en el sistema de pagos podrían significar una reducción importante de los honorarios, además de la eliminación de incentivos vinculados a la formación profesional. Por este motivo alertaron sobre un posible “colapso” en la atención de los jubilados si el conflicto continúa.
Por su parte, desde PAMI sostienen que el cambio busca ordenar el sistema y remarcaron que el valor de la cápita aumentó respecto del esquema anterior, lo que —según la obra social— implica un incremento en los ingresos fijos de los médicos de cabecera.
Mientras continúan las negociaciones, el paro genera incertidumbre entre los afiliados y podría afectar la atención médica de miles de jubilados que dependen del sistema.
Se registraron momentos de tensión durante los homenajes a excombatientes de la Guerra de Malvinas realizados el 13 de abril, fecha en la que se recuerda la partida de los soldados platenses hacia el conflicto en 1982.
Por un lado, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) organizó un acto en la Plaza Malvinas. Al mismo tiempo, se desarrollaba la tradicional Marcha de Antorchas vinculada al Regimiento de Infantería 7, que partía desde la localidad de Arana con destino final en la misma plaza.
La situación generó polémica debido a que el CECIM había manifestado previamente su rechazo a la participación de militares en actividad en este tipo de actos. Desde la organización sostienen que la presencia del Ejército constituye una provocación y recuerdan que los conscriptos fueron enviados a la guerra durante la última dictadura.
El momento de mayor tensión se produjo cuando dos camiones del Ejército ingresaron a la plaza para preparar el acto. Personas presentes comenzaron a manifestarse con gritos y cánticos, rodearon los vehículos y exigieron que se retiraran del lugar.
Finalmente, los camiones abandonaron la plaza y el operativo militar fue desarmado. Como consecuencia, la Marcha de Antorchas no llegó a Plaza Malvinas y concluyó en el Parque San Martín.
El episodio reflejó posturas contrapuestas en torno a la memoria del conflicto: mientras desde el CECIM cuestionaron la presencia militar, familiares de soldados caídos defendieron la marcha y afirmaron que se trata de un homenaje tradicional a los combatientes.
